OTRA VEZ CHÁVEZ
El gobierno venezolano estableció una regulación que obliga a las empresas locales a mantener una producción mínima de doce productos que están sujetos a control de precios. Una de las empresas afectadas por la decisión gubernamental fue el grupo de Empresas Polar. La normativa apunta a una fuerte negativa contra los monopolios privados del país.
Mantener una producción mínima entre 70% a 95% de doce productos. A eso fueron obligadas las empresas privadas productoras de aceite comestible, arroz blanco, azúcar, café en grano tostado y molido, harina de maíz blanco precocido, leche en polvo, leche pasteurizada, margarina, mayonesa, pasta alimenticias, queso y salsa de tomate.
Estos doce productos fueron objeto de intervención luego de que las autoridades venezolanas acusaron a las empresas privadas de evadir el control de impuestos, (establecido en el año 2003) lo cual, generaba que la producción de elementos no regulados se elevara.
Ante esto, el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPABIS, Eduardo Samán, dijo a la televisora estatal que se le “aplicará la ocupación temporal” a las empresas que incumplan la nueva normativa propuesta por el gobierno.
Por otra parte, las empresas privadas piensan diferente. El director de asuntos legales de las Empresas Polar (la mayor corporación de bebidas y alimentos en Venezuela), Guillermo Bolinaga, anunció que se pedirá un amparo ante los tribunales contra la intervención de Arroz Primor que se realizó el 28 de febrero del presente año, ya que dijo que la medida tomada por el gobierno fue “absolutamente ilegal”, porque vulneró el derecho a la propiedad, a la seguridad alimentaria y a la libertad económica.
Igualmente, el presidente del grupo de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, le solicitó una audiencia al dirigente venezolano, quien dijo que evaluaría la petición de Mendoza, y reiteró que “si Mendoza o sus asesores salen a decir que esto es una dictadura, no tengo ningún problema en que el Estado le quite toda la Polar, y sé que cuento con la gran mayoría del pueblo venezolano”.
En la página oficial del Ministerio del poder popular para la comunicación y la información, se evidencian comentarios del pueblo venezolano, en los cuales apoyan la decisión del jefe de estado. Uno de los comentarios hace énfasis en la patria y el socialismo, ideas planteadas en el gobierno de Chávez. “Ya era hora de que la revolución tomara medidas contra los oligarcas hambreadores del pueblo, que por un lado hablan de querer dialogar pero por el otro están escondiendo los productos y violando las leyes como si no hubiera estado de derecho. Presidente, si tiene que expropiar al grupo oligarca polar, hágalo que aquí hay un pueblo dispuesto a apoyarlo en el terreno que sea.
Las empresas privadas, en cambio, creen que el gobierno ha actuado de manera inconstitucional por haber fiscalizado sus plantas, a esto, el presidente venezolano respondió tajantemente, diciendo que “no le temblará el pulso para expropiar plantas de empresas Polar (…) si este consorcio “no se apega a la Constitución y a las leyes de Venezuela”.
Como dicta el artículo 300 de la constitución Venezolana del año 1999, “La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”, lo que genera opiniones encontradas, ya que según este artículo, es legítimo crear entidades que funcionen de manera descentralizada, pero a la vez, se quiere asegurar una productividad razonable económica y social de los recursos públicos.
Es por eso que si se acusa al gobierno venezolano de inconstitucional, puede que las empresas privadas tengan algo de razón, pero el presidente pretende vender un discurso en el que se quiere regular la producción de los monopolios privados del país, lo que en últimas genera falta de libertad empresarial y económica (libre desarrollo de políticas empresariales).
El discurso político de Chávez es motivo de discusión entre la oposición, quienes lo acusaron de “aprobar leyes a última hora”, a lo que el jefe de Estado sostuvo que la burguesía está molesta porque “eran ellos los que antes hacían las leyes”.
En el Consejo de Ministros, emitido por televisión y llevado a cabo a inicios del mes de marzo, Hugo Chávez expresó a las empresas privadas que “Vamos a trabajar en el marco de la Constitución, en el marco de la Ley, respetando los Derechos Humanos, el derecho a la alimentación”, de esta manera, les pidió que se olvidaran de la corrupción y de la explotación a los trabajadores.
Ante este tipo de declaraciones, empresarios como José Manuel González, presidente de la mayor organización empresarial del país, Fedecámaras, rechazó la decisión del gobierno y lo acusó de arremeter contra la propiedad privada para imponer un modelo comunista en el país, lo que genera que se crea que la normativa de Chávez apunta a una fuerte negativa contra los monopolios privados del país.
Es así como se alude al socialismo que proclama Chávez, seguramente promoviendo un discurso en el que se haga énfasis en promover la regulación de precios en pro de la alimentación del pueblo venezolano, pero lo que se debe tener claro es la otra cara de la moneda: el socialismo del siglo XXI ha generado más dictadura y más pobreza.
Según Daniel Córdova, economista, dice que “no importa si los costos son mayores que los precios. Las empresas están, de ser el caso, obligadas a perder dinero para garantizar la “revolución”. Así se generan otros problemas: los controles de precios pueden generar e incentivar la formación de mercados negros y se puede obstaculizar en gran medida el proceso de inversiones privadas en los sectores de la economía venezolana.
Es clara la preocupación de los empresarios venezolanos, ya que su capital va desapareciendo cada vez más con políticas como la regulación de producción y de precios establecida por Chávez y la generación de empresa privada tiende a verse regulada seriamente por las normativas gubernamentales. ¿Existe entonces libertad en el socialismo que proclama el mandatario venezolano?
Natalia Riveros Anzola
Mantener una producción mínima entre 70% a 95% de doce productos. A eso fueron obligadas las empresas privadas productoras de aceite comestible, arroz blanco, azúcar, café en grano tostado y molido, harina de maíz blanco precocido, leche en polvo, leche pasteurizada, margarina, mayonesa, pasta alimenticias, queso y salsa de tomate.
Estos doce productos fueron objeto de intervención luego de que las autoridades venezolanas acusaron a las empresas privadas de evadir el control de impuestos, (establecido en el año 2003) lo cual, generaba que la producción de elementos no regulados se elevara.
Ante esto, el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPABIS, Eduardo Samán, dijo a la televisora estatal que se le “aplicará la ocupación temporal” a las empresas que incumplan la nueva normativa propuesta por el gobierno.
Por otra parte, las empresas privadas piensan diferente. El director de asuntos legales de las Empresas Polar (la mayor corporación de bebidas y alimentos en Venezuela), Guillermo Bolinaga, anunció que se pedirá un amparo ante los tribunales contra la intervención de Arroz Primor que se realizó el 28 de febrero del presente año, ya que dijo que la medida tomada por el gobierno fue “absolutamente ilegal”, porque vulneró el derecho a la propiedad, a la seguridad alimentaria y a la libertad económica.
Igualmente, el presidente del grupo de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, le solicitó una audiencia al dirigente venezolano, quien dijo que evaluaría la petición de Mendoza, y reiteró que “si Mendoza o sus asesores salen a decir que esto es una dictadura, no tengo ningún problema en que el Estado le quite toda la Polar, y sé que cuento con la gran mayoría del pueblo venezolano”.
En la página oficial del Ministerio del poder popular para la comunicación y la información, se evidencian comentarios del pueblo venezolano, en los cuales apoyan la decisión del jefe de estado. Uno de los comentarios hace énfasis en la patria y el socialismo, ideas planteadas en el gobierno de Chávez. “Ya era hora de que la revolución tomara medidas contra los oligarcas hambreadores del pueblo, que por un lado hablan de querer dialogar pero por el otro están escondiendo los productos y violando las leyes como si no hubiera estado de derecho. Presidente, si tiene que expropiar al grupo oligarca polar, hágalo que aquí hay un pueblo dispuesto a apoyarlo en el terreno que sea.
Las empresas privadas, en cambio, creen que el gobierno ha actuado de manera inconstitucional por haber fiscalizado sus plantas, a esto, el presidente venezolano respondió tajantemente, diciendo que “no le temblará el pulso para expropiar plantas de empresas Polar (…) si este consorcio “no se apega a la Constitución y a las leyes de Venezuela”.
Como dicta el artículo 300 de la constitución Venezolana del año 1999, “La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”, lo que genera opiniones encontradas, ya que según este artículo, es legítimo crear entidades que funcionen de manera descentralizada, pero a la vez, se quiere asegurar una productividad razonable económica y social de los recursos públicos.
Es por eso que si se acusa al gobierno venezolano de inconstitucional, puede que las empresas privadas tengan algo de razón, pero el presidente pretende vender un discurso en el que se quiere regular la producción de los monopolios privados del país, lo que en últimas genera falta de libertad empresarial y económica (libre desarrollo de políticas empresariales).
El discurso político de Chávez es motivo de discusión entre la oposición, quienes lo acusaron de “aprobar leyes a última hora”, a lo que el jefe de Estado sostuvo que la burguesía está molesta porque “eran ellos los que antes hacían las leyes”.
En el Consejo de Ministros, emitido por televisión y llevado a cabo a inicios del mes de marzo, Hugo Chávez expresó a las empresas privadas que “Vamos a trabajar en el marco de la Constitución, en el marco de la Ley, respetando los Derechos Humanos, el derecho a la alimentación”, de esta manera, les pidió que se olvidaran de la corrupción y de la explotación a los trabajadores.
Ante este tipo de declaraciones, empresarios como José Manuel González, presidente de la mayor organización empresarial del país, Fedecámaras, rechazó la decisión del gobierno y lo acusó de arremeter contra la propiedad privada para imponer un modelo comunista en el país, lo que genera que se crea que la normativa de Chávez apunta a una fuerte negativa contra los monopolios privados del país.
Es así como se alude al socialismo que proclama Chávez, seguramente promoviendo un discurso en el que se haga énfasis en promover la regulación de precios en pro de la alimentación del pueblo venezolano, pero lo que se debe tener claro es la otra cara de la moneda: el socialismo del siglo XXI ha generado más dictadura y más pobreza.
Según Daniel Córdova, economista, dice que “no importa si los costos son mayores que los precios. Las empresas están, de ser el caso, obligadas a perder dinero para garantizar la “revolución”. Así se generan otros problemas: los controles de precios pueden generar e incentivar la formación de mercados negros y se puede obstaculizar en gran medida el proceso de inversiones privadas en los sectores de la economía venezolana.
Es clara la preocupación de los empresarios venezolanos, ya que su capital va desapareciendo cada vez más con políticas como la regulación de producción y de precios establecida por Chávez y la generación de empresa privada tiende a verse regulada seriamente por las normativas gubernamentales. ¿Existe entonces libertad en el socialismo que proclama el mandatario venezolano?
Natalia Riveros Anzola
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